La crisis económica y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo están socavando principios sagrados de la Unión Europea como el libre movimiento de trabajadores o la circulación de productos en un mercado único por encima de las fronteras. La huelga salvaje de trabajadores británicos de la refinería Lindsey en Killingholme contra el empleo temporal de otros italianos y portugueses por la francesa Total -"los empleos británicos para trabajadores británicos", es el lema de los manifestantes- ha sido la punta de un iceberg que recorre toda Europa.
El comisario de Trabajo, el checo Vladimir Spidla, se vio ayer obligado a salir en defensa de ese pilar básico del libre movimiento de trabajadores europeos. "Ése es un valor fundamental de la Unión", subrayó. "Levantando barreras y restringiendo el mercado interior no nos protegeremos de la crisis. Erigir barreras no creará ni un solo empleo". Spidla intentó así calmar la tormenta desatada por un comentario hecho el día anterior por él mismo, cuando, al hilo de la citada huelga salvaje en Reino Unido, el comisario asumió que Bruselas estaba preparado para "estudiar cualquier medida necesaria en un mundo cambiante".
"No movamos los palos de la portería", declaró ayer el portavoz de la Comisión, Johannes Laitenberger. "No es la libertad de movimiento de trabajadores comunitarios lo que está causando problemas", agregó. Bruselas se apresuró a destacar que esa libre circulación de trabajadores ha creado más de 10 millones de empleos en la UE en los últimos 10 años.
El conflicto en Reino Unido entró ayer en fase de solución bajo el compromiso de que la mitad de trabajadores que contratará Total en Killingholme serán británicos, pero lo ocurrido en esa localidad del este de Inglaterra ha puesto de manifiesto la búsqueda de refugios nacionalistas económicos en plena recesión.
Los Gobiernos de Francia y Suecia ya han anunciado que condicionarán las ayudas a sus industrias automovilistas: sólo podrán beneficiar a centros ubicados en sus respectivos países. En paralelo, ya se han producido diversas llamadas gubernamentales en diferentes países para animar al consumo de productos nacionales, como ha llegado a ocurrir en España. Grecia ha prohibido a sus bancos que socorran a las sucursales en otros países balcánicos.
El politólogo Karel Lannoo, director del Centro de Estudios de Política Europea, un gabinete independiente de Bruselas, cree que "la integración europea podría sufrir" por estas tensiones proteccionistas y nacionalistas. "Me temo que vamos a vivir dos o tres años de desintegración europea", dice. En su opinión, los Gobiernos han arrinconado en 2008 a la Comisión para convertirse en los auténticos gestores de la Unión. Lannoo ve como real el peligro de una fractura en Europa, puesto de manifiesto con la aprobación por la Comisión de programas de salvamento bancario presentados por algunos Gobiernos en beneficio sólo de sus bancos.
La Comisión Europea dice comprender "la frustración de los ciudadanos y se compromete a usar los mecanismos a su disposición para mantener los empleos", entre los que, aparentemente, no se encuentra el de modificar la directiva sobre los trabajadores desplazados que ha provocado la huelga británica.
"La Comisión no contempla ninguna revisión de esa directiva", asegura un portavoz. "Sabemos que hay problemas en su aplicación práctica que habrá que resolver caso por caso".
La directiva ha sido apoyada por el Tribunal de Justicia de la Unión y la Comisión estudia ahora sus efectos, según el comisario Spidla, "para tener más elementos de juicio y ver si hace falta una revisión".
Algunas especulaciones apuntan a que se podría dejar margen de maniobra a los Gobiernos en la aplicación de la directiva. "Ésa no es la solución, porque con diferentes aplicaciones se irá contra el espíritu y la letra. Debe ser igual en toda la UE", replica María Helena André, secretaria general adjunta de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Lo que la CES reclama es que las instituciones fijen con precisión los derechos y deberes de los trabajadores trasnacionales, para evitar abusos.
"Se puede comprender el proteccionismo, pero no es la solución", señala André. "Lo peor que puede ocurrir en Europa es que todos nos volvamos proteccionistas, que cada cual apele al interés nacional y la gente olvide que todos dependemos de todos", dice. "Hay que estar atentos para evitar la cadena proteccionismo, nacionalismo y xenofobia". "Los sindicatos están dispuestos a protegerse de este proteccionismo, porque el de Reino Unido es un fenómeno que puede repetirse", alerta.
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