El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados. La futura ley será ahora enviada al Parlamento andaluz para su tramitación definitiva, regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte digna y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales.
Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud, María Jesús Montero, otras circunstancias que contempla la "ley de la muerte digna", que desarrolla un derecho incluido en el Estatuto de Autonomía, son la sedación paliativa terminal (conjunto de procedimientos para afrontar los procesos agónicos) y la determinación de la muerte cerebral. El texto no regula la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.
Independencia de las institución
La secretaria de Bienestar Social del PSOE de Andalucía, Isabel Muñoz, ha valorado "positivamente" la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta del proyecto de Ley. Muñoz considera en un comunicado que con este proyecto de ley "los pacientes podrán ver reconocido su derecho a no recibir ciertos tratamientos si así lo desean, independientemente de que estén en una institución sanitaria pública, privada o incluso religiosa".
La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha recordado hoy que la ley aprobada es un "mandato" del Estatuto de Autonomía, consensuado por PSOE, PE e IU y ha dicho que los populares apoyan este derecho. Oña ha señalado, a preguntas de los periodistas, que "todas las personas tienen derecho a una muerte digna" y que "nadie puede desear un sufrimiento innecesario". La dirigente popular ha minimizado la trascendencia de este texto pues, en su opinión, viene a regular prácticas médicas habituales.
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