Por sorpresa y de madrugada. Tres grandes grúas trabajan ya en el derribo de los muros de lo que fue la cárcel de Carabanchel en Madrid y que desde hace años estaba abandonada, según han confirmado los vecinos del barrio.
"Todavía queda algo de esperanza", ha asegurado el portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche, Julián Rebollo, puesto que los trabajos sólo han afectado por el momento a las paredes exteriores del penal. Colectivos de Latina y Carabanchel y la plataforma por la creación de un centro por la memoria histórica en la antigua cárcel se concentrarán a las seis de la tarde, a las puertas del edificio, para exigir a las administraciones que el derribo no llegue hasta la cúpula por "su singularidad histórica y urbanística".
"Se ha esquivado a los ciudadanos a escondidas, por algo será; sabían que iban a contar con una oposición fuerte", ha afirmado el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Ignacio Murgui, quien ha denunciado que al comenzar las obras la pasada madrugada se ha actuado con "nocturnidad y alevosía".
650 viviendas
El pasado 3 de octubre el Ayuntamiento de Madrid otorgó la licencia de derribo de la cárcel. Está previsto que se construyan un hospital, 650 viviendas y varios equipamientos y oficinas públicas. Las asociaciones de vecinos de Carabanchel se reunieron la semana pasada con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien se comprometió, según los portavoces vecinales, a estudiar la eventual paralización del derribo de la cúpula de la antigua cárcel.
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado hoy en el Congreso que con el inicio de las obras se ha burlado al Parlamento y al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Llamazares ha aludido a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de primeros de octubre de otorgar licencia de derribo y al auto dictado unos días después por Garzón, en el que planteaba la suspensión cautelar gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras. Esta decisión judicial, según Llamazares, parecía vislumbrar una paralización del derribo que finalmente no se ha producido.
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