El Tribunal Constitucional declaró anoche, por unanimidad, la inconstitucionalidad de la ley de la Consulta Vasca patrocinada por el lehendakari Juan José Ibarretxe, por violación del artículo 149.1.32 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva par autorizar la convocatoria de consultas populares mediante referéndum. La sentencia declara que la consulta soberanista de Ibarretxe presupone la existencia de un sujeto, el "Pueblo Vasco", titular de un "derecho a decidir" susceptible de ser "ejercitado" y equivalente al titular de la soberanía, el Pueblo Español. Para el Constitucional, "ese sujeto no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación constituida en Estado".
El tribunal estuvo trabajando en la tarde de ayer a contrarreloj para ultimar el texto de la sentencia, dado que el próximo lunes 15 vence el plazo para la convocatoria de la consulta.
La sentencia estima las tesis del abogado del Estado, que en su recurso de inconstitucionalidad significó que la ley de la Consulta Vasca pretendía crear una "ficción de convocatoria" por el lehendakari sobre la base de una autorización del Parlamento vasco. Según el abogado del Estado la ley vasca organizó un "referéndum consultivo" pero carente de eficacia jurídica vinculante.
El Constitucional afirma que "el objeto de la consulta, la voluntad requerida y que ésta ha de manifestarse mediante un procedimiento electoral, dotado de las garantías propias de los procesos electorales" no deja lugar a dudas de que es "un referéndum".
Aunque la Constitución prevé la existencia de convocatorias de referendos circunscritos a ámbitos territoriales inferiores al nacional, en el presente caso, la ley de Consulta lo realiza "sin apoyo de un título competencial expreso". Además, la convocatoria sustituye la autorización del Estado por la dispensada por el Parlamento Vasco, por lo que "entra en colisión" con competencias expresamente atribuidas al Estado. Y la competencia controvertida es "exclusiva del Estado".
"En un sistema como el español, cuya regla general es la democracia representativa, sólo pueden convocarse y celebrarse los referendos que expresamente estén previstos en las normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad con la Constitución", subraya el Constitucional.
El alto tribunal añade que el procedimiento que se ha querido abrir "no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles, pues en el mismo se abordaría la redefinición del orden constitucional".
En suma la cuestión afecta también a las demás comunidades autónomas y así lo explica el Constitucional. "El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines", dice el Tribunal.
"No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del Pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político", añade.
El lehendakari convocó anoche una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para hoy, tras la que leerá una declaración institucional. "La decisión del Tribunal Constitucional es una noticia que a nadie puede sorprender", dijo anoche en un comunicado la presidencia del ejecutivo autonómico. En ella descalifica al Tribunal, al que achaca haber dado "como otros órganos jurisdiccionales, una muestra más de los perversos efectos que produce la politización de la justicia".
"No hay más que conocer qué magistrados componen un tribunal y quiénes los designaron para saber cómo serán sus resoluciones judiciales". A juicio del Gobierno vasco, "la Justicia ha dejado pasar una oportunidad para demostrar su independencia y ha dado una nuestra más de estar penetrada por la política". El ejecutivo de Ibarretxe considera que el fallo "pone en evidencia que en Euskadi es ilegal e inconstitucional lo que es perfectamente legal y constitucional en Cataluña y Andalucía".
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