El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha puesto recabar información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Para ello, el magistrado ha pedido información al Gobierno, la Iglesia, varios alcaldes e incluso un rector. Quiere saber el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.
El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si admite a trámite -es decir, si es competente para investigar- las solicitudes que le presentaron cuatro asociaciones para la recuperación de la memoria histórica (Cataluña, Valencia, Aragón, Ponteareas) el sindicato CNT y varios particulares para esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos por el bando franquista a partir del golpe de Estado franquista.
Lo que el juez quiere saber es número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, fecha del denominado por ganadores de la guerra "alzamiento nacional", sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administración para que identifique al organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificación "en la medida de lo posible" y si "han existido denuncias por las desapariciones".
También se dirige a uno de los símbolos franquistas de más relevancia, el Valle de los Caídos, para solicitar a la abadía en la que está enterrado Franco junto con decenas de combatientes republicanos para que informe sobre "las personas que en este lugar están enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho". A los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada, les pide "el nombre de las personas enterradas en fosas comunes en los cementerios de esas ciudades, las "circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos", "la fecha de los mismos" y si estas muertes constan en algún registro público".
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