Unos 3.000 militares patrullarán a partir del próximo lunes las calles de las grandes ciudades italianas para combatir la inseguridad ciudadana, la inmigración ilegal y prevenir hipotéticos ataques terroristas. El denominado paquete de seguridad del Gobierno de Silvio Berlusconi, duramente criticado en el seno de la Unión Europea, recibió ayer luz verde de los ministros del Interior, Roberto Maroni, y Defensa, Ignacio La Russa.
La principal tarea del Ejército, asegura el Gobierno, será ayudar a la policía a custodiar objetivos sensibles y vigilar los centros de identificación de inmigrantes. La seguridad en los barrios seguirá siendo responsabilidad de la policía, mientras que los soldados se moverán a pie por las zonas céntricas y llevarán armas cortas.
El ministro de Defensa precisó que se trata de "un experimento" previsto para un plazo de seis meses, aunque podrá ser renovado para otros seis. Las primeras ciudades que recibirán soldados serán Roma, Milán, Nápoles, Verona y Padua -to-das ellas con una alta concentración de inmigrantes-, pero pronto la medida podría ser extendida a otras cinco grandes urbes de Italia.
Los soldados sólo podrán detener a personas si les sorprenden cometiendo el delito in fraganti. De los 3.000 militares, un tercio vigilará embajadas, consulados, edificios institucionales, monumentos y estaciones. Otro tercio velará por los centros de retención de inmigrantes y el resto patrullará las calles.
El plan de seguridad ha suscitado duras críticas por parte de los sindicatos de policía y de la oposición. Antonio di Pietro, líder del partido justicialista Italia de los Valores, dijo que la medida "es tan eficaz como lavarse la cara con agua sucia", y sugirió que sería más efectivo dar más recursos a la policía.
La presencia del Ejército en las calles fue incluida en una enmienda aprobada por el Parlamento al decreto ley sobre seguridad redactado por el Gobierno de Berlusconi poco después de ser elegido. Esta medida se suma a la de declaración del estado de emergencia la semana pasada tras el aumento del flujo de inmigración ilegal.
El comisario europeo para los Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, recordó ayer a Italia que "una política de inmigración tiene que tener en cuenta los derechos humanos y no basarse sólo en las preocupaciones sobre la seguridad pública". En un informe elaborado tras una visita al país hace un mes, Hammarberg criticó las acciones "extremadamente violentas" que se han registrado en Italia contra campamentos gitanos y denunció el apoyo que algunas fuerzas de policía habrían dado "directa e indirectamente" a estos episodios. Los incidentes racistas se repitieron el pasado fin de semana en Nápoles y Pisa, donde fueron incendiados campamentos poblados por gitanos.
El ministro del Interior, Roberto Maroni, rechazó ayer duramente las críticas de la Unión Europea y calificó de "falsedad clamorosa" el supuesto apoyo de la policía a los ataques.
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