Cambio de rumbo: incentivos para los inmigrantes que acepten volver a sus países

El Gobierno ofrecerá incentivos para repatriar a un millón de inmigrantes

Los extranjeros que se vayan voluntariamente podrán cobrar todo el paro en dos entregas - A cambio, deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo



Hace menos de un año, el Gobierno impulsaba la contratación de cientos de miles de trabajadores extranjeros en sus países de origen. Ahora construye un puente de plata para que los que están en España se marchen. La crisis económica es la causa de este cambio radical en la política del Ejecutivo de Zapatero.

A partir de julio, el Gobierno ofrecerá a los inmigrantes en situación regular que van cayendo en el paro una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus casas. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, calcula que ésta afectará a más de un millón de extranjeros. Es decir, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España.

La oferta del Gobierno es la siguiente. Los inmigrantes que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Está por decidir cuál de esos plazos les será entregado antes de que salgan de España y cuál cuando lleguen al país de origen. Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, como mínimo. A partir de ese plazo pueden solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el derecho a complacer o no su petición. En caso de que la solicitud sea presentada a partir de cinco años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan.

Si la invitación a los inmigrantes para que se marchen es una consecuencia del invierno económico cada vez más frío que padece España, los plazos de tres y cinco años para que puedan volver reflejan las expectativas del Gobierno de que, en tres años, la situación mejorará y "entrará en una fase expansiva y de creación de empleo", en palabras de Celestino Corbacho. Hasta entonces, el ministro de Trabajo e Inmigración calcula que los más de 165.000 parados extranjeros no comunitarios que había en España el pasado mes de abril seguirán aumentando.

Son precisamente el crecimiento del paro y la suposición de que quienes decidan acogerse a la oferta del Ejecutivo se llevarán consigo a sus familiares, que también gozan de permiso de residencia, los motivos combinados que llevan a Corbacho a calcular que su plan atañe a más de un millón de inmigrantes. Y si no afecta a más es sólo porque la oferta tiene una segunda parte que limita su alcance a los ciudadanos de los 19 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España, con el fin de que los retornados no pierdan sus derechos (sanitarios, de jubilación...) adquiridos durante su estancia en el país. Eso excluye, entre otros extranjeros, a los procedentes del África subsahariana.

Además, el ministro ha encargado a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que dirige Consuelo Rumí, que mantenga conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y con entidades financieras para que los repatriados sean "acompañados" en su establecimiento en sus países de origen. Es decir, que reciban asesoramiento y ayudas, en forma de microcréditos, para crear sus propios negocios.

Corbacho explica de esta manera las razones de ese "acompañamiento": "Tal vez 10.000 euros no sean en España suficiente dinero para montar una empresa, pero en países como Marruecos pueden dar mucho de sí. No tratamos de coger a una persona en paro y mandarla a su país sin más. Queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: la de establecerse en su tierra y la de volver a España en el futuro".

En esa dirección abunda otra de las medidas diseñadas por el ministro. Si, al cabo de tres o cinco años, el extranjero decide finalmente volver a España, podrá recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación. Por ejemplo, un inmigrante que tenga ahora la residencia permanente, se acoja al plan de retorno y vuelva dentro de cinco años no recibirá un permiso de estancia inicial, sino que recuperará su residencia permanente y las ventajas correspondientes al tiempo que estuvo afiliado a la Seguridad Social.

El ministro pretende aplicar su plan a partir de julio. Ya ha informado al presidente y a la vicepresidenta primera del Gobierno sobre sus propósitos, y presentará un informe ante el Consejo de Ministros del viernes próximo. Antes de que finalice julio, los grupos parlamentarios tendrán acceso al borrador del decreto de retorno, que constará, probablemente, de un artículo único y dos disposiciones adicionales. Seguidamente, el Gobierno aprobará la norma.

Corbacho está muy interesado en explicar sus medidas a los países de origen de los inmigrantes. "Se trata de que las vean como lo que son, una oportunidad de desarrollo y de generación de riqueza", dice. De momento, han sido recibidas con interés por el titular de Trabajo de Marruecos, país del que procede la mayor colonia de inmigrantes.

Trabajo endurecerá el reagrupamiento familiar

Corbacho quiere frenar la llegada de padres y suegros



Pedimos trabajadores y llegaron seres humanos, se sorprendió el sabio. Aquellos seres humanos trajeron a otros seres humanos: a sus esposas, a sus hijos, a sus padres... Sólo desde enero de 2005 hasta el pasado abril, España ha concedido permisos de residencia a 252.722 familiares de inmigrantes. Su número ha aumentado año tras año de forma exponencial.

Ahora, el Ministerio de Trabajo e Inmigración se plantea contener ese flujo. Para ello, estudia excluir del núcleo familiar con derecho a la reagrupación a los ascendientes de los extranjeros. Esto es: a sus padres y a sus suegros. Caso de salir adelante, esa restricción sería incluida en la reforma de la Ley de Extranjería, prevista para el último trimestre del año.

Ahora mismo, la ley -y el Reglamento que la desarrolla- consideran reagrupables a los siguientes familiares del inmigrante: su cónyuge; sus hijos o los de su cónyuge -incluidos los adoptados-, siempre que sean menores de 18 años o estén incapacitados; los menores o incapacitados bajo su tutela, y sus ascendientes o los de su cónyuge.

El polémico proyecto de nueva directiva de integración que está a punto de aprobarse en Bruselas no sería obstáculo para la exclusión de los ascendientes de los beneficios de la reagrupación familiar. Ese documento sólo obliga a la reagrupación de cónyuges e hijos, mientras deja a la discrecionalidad de cada Estado la de los padres y los suegros.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha declarado a EL PAÍS: "Hay un núcleo familiar que no es refutable: el matrimonio y los hijos menores de 18 años. Todo lo demás es discutible". "Todo lo demás" se refiere, fundamentalmente, los padres y los suegros.

Corbacho considera que, en ocasiones, "la familia puede ser muy amplia", sobre todo "en relación con los servicios que puede ofrecer el Estado de bienestar".

En otras palabras: la llegada a España de un contingente cada vez mayor de personas de edad avanzada que no trabajan y tampoco contribuyen a las arcas de la Seguridad Social y que, en cambio, son grandes consumidores del sistema de salud puede ser una carga demasiado gravosa para el sistema. Especialmente, en una situación de crisis económica como la presente.

El ministro insiste en que carece de "un criterio previo" sobre el recorte de la reagrupación familiar. Pero está dispuesto a "abrir un proceso de reflexión", con vistas a obtener "un consenso lo más amplio posible".

Ese consenso -si es que lo hay- deberá ser alcanzado durante el verano. Corbacho dice detestar la inestabilidad provocada por la frecuencia de cambios legales -y la Ley de Extranjería ha sufrido unos cuantos-. Por eso quiere aprovechar la ocasión que le brindará, en otoño, la reforma de esa norma que el Parlamento deberá abordar obligatoriamente para adaptarla a las nuevas directivas de la Unión Europea y a la sentencia del Tribunal Constitucional que, a finales del año pasado, echó por tierra varios de los preceptos que había incluido en ella el último Gobierno del PP. De hecho, el ministro planteará su propuesta de "reflexión" a la comisión sectorial de Inmigración de las comunidades autónomas, que tiene previsto reunirse el próximo 9 o 10 de julio.

En esa invitación a la reflexión, Corbacho incluirá otro asunto: la conveniencia de que la reagrupación familiar de los menores en edad escolar se produzca obligatoriamente a principios de curso. El ministro opina que la llegada de esos muchachos a lo largo de los 365 días del año genera una fuerte presión sobre la escuela, que debe adaptarse, mal que bien, a continuas incorporaciones. "Viví ese problema en L'Hospitalet cuando era alcalde", argumenta, "y creo que merece la pena intentar articular una solución, de acuerdo con la comunidad educativa".

Hay todavía un tercer aspecto que Corbacho está completamente decidido a incluir en la reforma de la ley: conceder permiso de trabajo a los menores reagrupados que tengan entre 16 y 18 años; es decir, que hayan superado la edad tope de la educación obligatoria. De esa manera podrán incorporarse a cursos de formación profesional o ingresar directamente en el mercado laboral.